Categoría: Columna El Espectador

La protesta cómoda

Columna publicada el 2 de febrero de 2017 en El Espectador.

Hace más o menos un año, en enero de 2016, la autopista de Bogotá colapsó cuando un grupo de ciudadanos inició una protesta espontánea.

Una mujer había muerto en la calle de un paro respiratorio, saliendo de una conocida EPS que le había negado una y otra vez el tratamiento necesario. Como si eso fuera poco, la Unidad de Criminalística de la Fiscalía tardó más de siete horas en hacer el levantamiento. Siete horas estuvo la señora ahí tirada, gracias a una conjunción absurda de ineptitudes e indolencias. Lo mínimo que podría hacer cualquier persona sensata y sensible sería protestar. Y eso fue lo que sucedió, colapsando durante horas el tráfico bogotano. Pero como la movilidad está primero que la dignidad humana, llegó el Esmad y sacó a los protestantes y familiares a la fuerza.

Escuela de troles

Columna publicada el 19 de enero de 2017 en El Espectador.

La profesora y escritora Carolina Sanín acaba de ganar una tutela contra la Universidad de los Andes, con un fallo que deja sin dientes a su injusto despido y le exige a la universidad adelantar urgentes campañas contra el matoneo, la violencia de género y los discursos peligrosos que se están dando en el interior de su comunidad.

El fallo es un saludo a los docentes colombianos, pues revierte el mal precedente que el despido de Sanín sentaba para la libertad de cátedra y la libertad de expresión en la educación en Colombia.

Populismo perpetuo

Columna publicada el 11 de enero de 2017 en El Espectador.

Era 2011 y la congresista Gilma Jiménez movía su proyecto para hacer un referendo que les diera cadena perpetua a los violadores de niños y niñas. El ministro del Interior, en ese entonces Germán Vargas Lleras, creó una Comisión Asesora —integrada por juristas respetados internacionalmente: Yesid Reyes, Iván González, Rodrigo Uprimny, Camilo Sampedro y Julissa Mantilla, entre otros— para aconsejar al Gobierno en política criminal, a propósito de dicho referendo. La evaluación de la Comisión fue nefasta: señalaron que el referendo pendulaba entre la inconstitucionalidad y la irracionalidad, y lo calificaron de ineficaz, precario y retardatario.

Por el derecho al trabajo sexual digno y seguro

Columna publicada el 14 de diciembre de 2016 en El Espectador.

Este martes, las organizaciones Parces y Paiis presentaron el informe Ley entre Comillas, sobre las condiciones del trabajo sexual en Bogotá. Lo que el informe muestra es alarmante: los estigmas sociales hacen del trabajo sexual un territorio sin ley, sin empatía o solidaridad ciudadana, y en donde muchas vulnerabilidades se juntan para dar ocasión al abuso y la violencia.

El segundo mayor miedo de los y las trabajadoras sexuales, después de contraer una enfermedad de transmisión sexual, es ser asesinadas, y que enfrentan violencias cotidianas por parte de los clientes, los ciudadanos, los patrones y la misma Policía. Esto último es especialmente preocupante, porque para las trabajadoras sexuales de la ciudad el uniforme verde se ha convertido en una amenaza más. El 74 % de las personas encuestadas en el informe recibieron violencia verbal por parte de la Policía, el 62 % violencia física, el 51 % extorsión, el 39 % violencia simbólica, el 35 % retención de documentos y el 34 % violencia sexual. Lo que estas cifras muestran es que a los ojos del orden público no todos los ciudadanos y las ciudadanas somos iguales. Quizás uno de los castigos arbitrarios más frecuentes es que las lleven a la UPJ, que es una especie de purgatorio urbano al que todos y todas le tenemos miedo, pero en donde solo acaban quienes menos privilegios tienen. La UPJ hace mucho tiempo dejó de cumplir su función, que era proteger a los ciudadanos, y se convirtió en una de las formas más efectivas de amenazarlos. Entre las violencias que viven las trabajadoras sexuales también se incluyen las que viven las mujeres trans, que reciben golpes en la cara, en los implantes, ataques que tienen una evidente objetivo: negar su identidad. Por otro lado, las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales son de extrema desprotección: el 88 % de las encuestadas en el informe no cotiza pensión y el 65 % no hace parte de un sistema de salud.

La periodista que puso el pecho

Perfil publicado en El Espectador el 10 de diciembre de 2016.

La foto de la periodista Lorena Beltrán en la portada de El Espectador es el desnudo más revolucionario que se ha visto en los últimos años en Colombia. En la foto, Beltrán muestra con honor las cicatrices que le dejó el cuestionado médico Francisco Sales Puccini, después de una cirugía de reducción de busto en el 2015. Las cicatrices que hoy lleva Beltrán le atraviesan los senos y rodean el pezón, y tienen aproximadamente un centímetro de grosor. Son el testimonio de cómo un médico irresponsable puede atentar contra la identidad y la salud física, mental y emocional de sus pacientes.

Por la memoria de Yuliana Samboní

Columna publicada el 7 de diciembre de 2016 en El Espectador.

La niña Yuliana Andrea Samboní, de siete años, fue secuestrada, violada, torturada, asfixiada y muerta, presuntamente por Rafael Uribe Noguera, en su apartamento, este fin de semana. El feminicidio de Yuliana ha conmovido y enrrabiado a toda Colombia.

Su más posible agresor, señalado por una cantidad de evidencia clara y abrumadora, fue internado en una clínica por supuesta sobredosis, y ahora se declara inocente, quizás con la esperanza de que le crean que su crimen atroz no fue premeditado. Pero ya hay testigos que dicen haber visto su camioneta en el barrio, rondando a la niña en días anteriores. Y no existe la droga que haga que una persona adquiera capacidad para tal violencia. Las drogas, si acaso, exacerban por momentos la magnitud de una violencia, que en el caso de Uribe Noguera fue alimentada en la comodidad del privilegio de ser un hombre, blanco, educado y miembro de una de las familias más poderosas de Colombia, un país en donde todos esos privilegios otorgan casi la omnipotencia de Dios. Yuliana Samboní, por el contrario, encarna todas las vulnerabilidades juntas, por género, por edad, por etnia, por clase social, por ser parte de una familia desplazada. En un mundo sin estas desigualdades abismales un crimen como este habría sido excepcional. En cambio, es uno entre tantos.

90-90-90

Columna publicada el 1 de diciembre de 2016 en El Espectador.

En Colombia el primer caso de una persona que contrajo el virus del VIH fue diagnosticado en 1983.

Desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 2009, fueron notificados un total de 71.509 casos. En las estimaciones y proyecciones sobre la epidemia realizadas en el año 2014, se calculó una prevalencia de VIH para población en edad fértil de 0,48 % y un estimado total de 135.829 personas con VIH o sida en el país (según observatorio de VIH Minsalud, 2015).

Colombia tiene la tercera epidemia de VIH más grande de América Latina (después de Brasil y México), pero de esto poco se habla en el país. Nadie nos cuenta que tenemos alrededor de 8.000 nuevos casos anualmente ni que más de 2.000 personas mueren al año por causas relacionadas con el virus del VIH, y esta cifra se ha mantenido estable en la última década. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, cuatro de cada diez personas que viven con VIH en Colombia no saben de su estado y 27 de cada 100 personas diagnosticadas con VIH no se encuentran atendidas en programas de salud. En Colombia no existe un programa nacional para la respuesta en detección, tratamiento y atención integral. La responsabilidad institucional recae en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, en el que el VIH queda por debajo de otros temas considerados prioritarios en la agenda pública y política.